Nuestras voces
El voto no solo es un derecho inherente de toda la población mexicana, es además una obligación que tenemos como población. Es una manera de lograr que nuestras voces sean en parte escuchadas, es la única manera que tiene la población mexicana, aunque sea en teoría, de lograr un cambio en nuestra sociedad. Durante la historia de nuestro país, hemos logrado grandes avances en el derecho al voto. Sin embargo, para las elecciones del 2012, México no permitía que personas con algunos tipos de discapacidad emitieran un voto.
Los manuales para funcionarios de casilla del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), establecían que los funcionarios no podían permitir que personas “privadas de sus capacidades mentales” emitieran un voto. Cuando descubrió esto José Alberto, un joven con parálisis cerebral, emprendió una lucha que logró cambiar los manuales del IFE para exigir su voto. A pesar de que desde el 2007 México había firmado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ordenanza de la Organización de las Naciones Unidas que estipula que se debe de proteger y promover la participación en la vida pública y política de las personas con alguna discapacidad, lo incluye el derecho y obligación de emitir un voto; en las elecciones del 2012 los manuales de casilla seguían discriminando el derecho al voto de personas con discapacidad.
Cuando descubrió esto José Alberto, con ayuda de su hermana que en el momento era funcionaria de casilla y con el apoyo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a través de redes sociales emprendió una lucha para defender su derecho al voto, la que concluyó con una circular de parte del IFE a todos los funcionarios de casilla, en donde cambiaban los requisitos para poder emitir un voto y se especificaba que se debe dejar votar a personas con discapacidad que estén en la lista nominal, es decir, que tuvieran una IFE vigente. A pesar de que existiera una circular, muchos funcionarios de casilla, por miedo a tener problemas, les negaron el voto a personas con discapacidad. Por eso José Alberto continúo su lucha, presentando una denuncia formal ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), con lo que logró que se modificaran los manuales del IFE.
Esta historia de éxito, reportada por Paris Martínez en el portal Animal Político en diciembre del 2013, ganó la categoría de Reportaje Multimedia en Internet del Décimo Premio Nacional Rostros de la Discriminación ‘Gilberto Rincón Gallardo’ en el 2014.
Aunque es importante que se proteja el derecho al voto de las personas con discapacidad, también es importante que se informe a las personas con discapacidad y a sus familiares que tienen el derecho al voto, ya que muchos no lo saben. Las personas con discapacidad han tenido una participación casi nula en las decisiones políticas de nuestro país, lo que asusta porque son decisiones que afectan en gran medida la vida de estas personas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2012 existían 307 mil personas que presentaban alguna discapacidad mental, de lenguaje, psicomotriz o combinada, y que se encuentran en edad de votar. Este número ha incrementado en los últimos años.
El derecho al voto es un derecho fundamental de todas las personas. Cuando privamos a una persona de su derecho, no solo estamos cometiendo un acto de discriminación, de acuerdo a la ley internacional a la que México está suscrito, cometemos también un delito. Cuando una persona no tiene derecho a votar, también pierde el derecho a postularse para ser electo a un puesto público. Lo que implica que las personas con alguna discapacidad mental, de lenguaje, psicomotriz o combinada, tampoco han podido postularse para algún puesto de elección popular. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. El primer paso ya lo dio José Alberto, los manuales para funcionarios del IFE y ahora del Instituto Nacional Electoral (INE) estipulan que se debe de permitir el voto a toda persona que se encuentre en la lista nominal, sin discriminar a personas que tengan algún tipo de discapacidad. El siguiente paso es informar y educar sobre el derecho de voto para personas con discapacidad, para que estas personas puedan exigir y hacer uso de su voto de manera informada y evitar cualquier tipo de manipulación que se pueda dar.
En la historia mundial y nacional hemos logrado grandes avances para lograr proteger el voto de las minorías. Es hora de que seamos conscientes que la falta de información y sensibilización continúan obstruyendo el voto para las personas que tienen una discapacidad mental, de lenguaje, psicomotriz o combinada, por lo que no hemos logrado proteger la participación plena de la vida política de estas personas, limitando su desarrollo y bienestar dentro de nuestra sociedad.
Por: Aiza Romero